A comienzos de los años 90, mientras el fútbol español afrontaba su mayor transformación legislativa en décadas, en los despachos del Vicente Calderón se preparaba una operación que marcaría para siempre el futuro del Atlético de Madrid. Lo que oficialmente se anunció como un movimiento urgente para evitar el descenso administrativo escondía, bajo varias capas de discreción, una estrategia que terminó colocando casi todo el patrimonio del club en manos privadas.
Una operación ejecutada con precisión quirúrgica por Jesús Gil, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, cuyo desenlace todavía condiciona la vida institucional del Atleti. Una historia de poder, deuda y silencio.
La nueva Ley del Deporte obligó a los clubes de Primera y Segunda División con pérdidas a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Solo Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna quedaron fuera del proceso al presentar cuentas saneadas. El Atlético de Madrid no tenía esa suerte. Arrastraba una deuda monumental, superior a 4.000 millones de pesetas, parte de ella reconocida con su propio presidente, Jesús Gil. Sin solucionar ese agujero antes del 30 de junio de 1992, el club descendería automáticamente a Segunda B. Era una cuenta atrás implacable. Y también el contexto ideal para quien supiera aprovecharlo.
En aquel contexto, la exigencia legal era clara y férrea. La nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas no dejaba espacio para interpretaciones creativas ni rescates improvisados. Lo explica con precisión Carlos Castresana, fiscal y especialista en derecho penal internacional y una de las voces clave del documental El Pionero (HBO):
“La Ley de Sociedades Anónimas establecía unas condiciones muy precisas: las entidades debían ser solventes, y para ello se exigía un desembolso real del capital social, suficiente para hacer frente a su pasivo. Quien no fuera capaz de sanearse económicamente debía disolverse como club y descender administrativamente a Segunda B.”
Una norma tan estricta convertía la situación del Atlético de Madrid en una bomba de relojería: o aparecía el dinero real —no préstamos puente, no artificios contables— o el club caería a los infiernos de Segunda B. Fue en ese escenario límite donde comenzó a gestarse la operación que cambiaría para siempre la propiedad del club.
En ese contexto, el Atlético necesitaba demostrar solvencia real y rápida. Para ello entraron en juego Dorna, empresa vinculada a Banesto, y dos entidades financieras: el Banco de Vitoria y Crédit Lyonnais. A través de ellos se canalizaron los préstamos que permitieron que los fondos “entraran” temporalmente en el club, cumpliendo los requisitos legales del capital social exigido por la ley. Horas después, el dinero regresó a los bancos, pero la operación ya había permitido que Gil y Cerezo obtuvieran el control mayoritario del Atlético sin desembolsar un solo céntimo.
El Consejo Superior de Deportes autorizó la cancelación de una parte importante de la deuda. Años después, el fiscal Carlos Castresana explicaría que ningún gobierno se hubiera atrevido a permitir que un club histórico descendiera por motivos administrativos.
La operación se "facilitó", aunque su diseño real nunca quedó del todo claro.Pero aun con ese alivio, al club todavía le faltaban 2.000 millones de pesetas. Los socios, ilusionados con la posibilidad de participar en la propiedad, adquirieron acciones por unos 112 millones, una cifra simbólica ante el enorme déficit restante.El reloj avanzaba y la conversión peligraba. Hasta que, en el último momento, llegó la jugada que cambió todo.
[Extracto - El Pionero - HBO]
En la víspera del plazo definitivo, Jesús Gil y Enrique Cerezo comparecieron ante los medios asegurando haber reunido casi toda la cantidad faltante:
El dinero se ingresó en una cuenta del club y el Consejo Superior de Deportes (CSD), al verificar la existencia de esos fondos, aprobó de inmediato la conversión del Atlético en SAD.
La tormenta parecía superada. El equipo mantenía su plaza en Primera División. El relato oficial hablaba de un rescate providencial. Pero aquella escena televisada solo mostraba la mitad del guion.
[Extracto - El Pionero - HBO]
Horas después de que el CSD diera su visto bueno, el dinero ingresado fue retirado de la cuenta del club y devuelto a los bancos que habían facilitado los préstamos.
La aportación, en realidad, había sido un simple tránsito. Sin embargo, la estructura accionarial ya estaba formada: gracias a ese movimiento temporal de fondos, Gil y Cerezo aparecían como propietarios del 97% del Atlético de Madrid. Sin haber desembolsado ni un solo céntimo de manera efectiva.Los socios perdieron la propiedad. Los nuevos dueños adquirieron casi todo el capital.
Y lo hicieron utilizando registros contables que años después los tribunales describirían como “confusos”, “deliberados” y “dirigidos a hacer suyo el club”.
[Extracto - El Pionero - HBO]
Años más tarde, tanto Enrique Cerezo como Miguel Ángel Gil Marín defendieron públicamente aquella maniobra. Sus explicaciones, lejos de disipar las dudas, terminaron confirmando el mecanismo que la Audiencia Nacional describiría en 2002.
Enrique Cerezo Torres:"El dinero era dinero, y el banco lo dio como dinero, y el notario lo dio como dinero, el consejo lo dio como dinero… Que, a los cinco días, ese dinero que se hizo, Jesús Gil se lo tomara para cobrarse lo que le debían… Yo creo que no tiene nada que ver con que la sociedad esté bien constituida o mal constituida."

Jesús Gil Marín:"Que el dinero se puso es innegable; otra cosa es que, cuatro o cinco días después, se cogió. Yo tengo claro que fue para recuperar lo que se había puesto entre 1987 y 1992, y para mí eso sí fue indebido, porque él —Jesús Gil— había aportado unas escrituras, es decir, había que esperar a materializar las plusvalías, si es que se daban; no era seguro que se fueran a dar. Eso, para mí, fue su error… Yo no puedo aceptar que se quedó con el dinero de nadie, porque era un dinero que él había puesto, que era suyo… Yo estoy seguro de que él, en su momento, dijo: ‘Yo he puesto este dinero, está aquí en una caja disponible; ¿por qué no lo voy a coger yo, si lo he puesto yo?’"

Pese a la trascendencia de aquella operación —que situó en manos privadas casi la totalidad del Atlético de Madrid sin un aporte económico real—, el eco mediático fue mínimo. Una maniobra que hoy resultaría portada durante semanas pasó casi de puntillas por las redacciones de la época.
Ese silencio no fue casual. Durante años, la figura de Jesús Gil había ocupado tertulias, programas de entretenimiento y espacios informativos con una mezcla de espectáculo y polémica que distorsionó la percepción pública del personaje. En ese clima, la operación accionarial quedó relegada a un segundo plano. Quien mejor lo explica es el periodista Iván Castelló, autor de Salvaje, una de las biografías más conocidas sobre Gil. Castelló no duda en señalar la responsabilidad de los medios al analizar cómo se trató aquel episodio.
Castelló resume así el papel de los medios en aquella etapa:
“No tiene una explicación lógica que la prensa haya mirado hacia otro lado con Gil, sobre todo en lo relacionado con el Atlético. Es impensable creer que, de haberse producido algo similar en el Real Madrid o en el Barcelona, no habría salido a la luz.”
Para él, la raíz del problema estaba en la imagen pública que el propio Gil cultivó y que los medios —a veces sin querer— ayudaron a consolidar durante años:
“Gil supo explotar esa caricatura divertida que la prensa proyectó de él. Se le presentó como un personaje entrañable, y eso desactivó muchas críticas. Es un mecanismo que todavía vemos hoy.”
Ese tratamiento indulgente permitió que determinados episodios apenas generaran debate, y contribuyó a que Gil preservara un poder que también se vio reforzado por dos indultos: el primero, en 1971, tras la tragedia de Los Ángeles de San Rafael; y el segundo, en 1994, después de una condena por estafa. Ambos perdones resultaron decisivos para su trayectoria pública: sin el primero, difícilmente habría alcanzado la notoriedad que logró; sin el segundo, no habría podido presentarse a las elecciones y mantener posteriormente su dominio sobre el Atlético de Madrid.

Siete años más tarde, la Fiscalía Anticorrupción llevó el caso a los tribunales. La investigación derivó en la intervención judicial del club y en un proceso conocido como el “caso Atlético”.La Audiencia Nacional emitió una sentencia demoledora en 2002:
El tribunal dejó por escrito que existían deudas del presidente no reflejadas en la contabilidad, movimientos patrimoniales que mezclaban bienes personales con los del club y una intención manifiesta de apropiarse de la entidad.Parecía que la historia iba a dar un giro definitivo.
“Hubo delito de apropiación. Cuestión distinta es que esté prescrito.”
Los tres condenados recurrieron.
En 2004, el Tribunal Supremo absolvió a Jesús Gil y a Enrique Cerezo de apropiación indebida por prescripción del delito.
La querella se había presentado demasiado tarde y, por tanto, no había obligación de devolver las acciones. Gil murió pocos meses después, pero su hijo, Miguel Ángel Gil Marín, quedó como el principal accionista y director ejecutivo del Atlético. El “gilismo”, contra pronóstico, sobrevivía intacto. El Supremo, aun absolviendo por prescripción, dejó una frase que hoy sigue retumbando:
“Hubo delito de apropiación. Cuestión distinta es que esté prescrito.”

El club intentó reconciliarse con la grada ofreciendo una acción simbólica a cada abonado. Pocos la aceptaron; la mayoría optó por descontarla del abono.La etapa deportiva de éxito con Diego Pablo Simeone alivió tensiones, mientras la crítica quedó limitada a grupos como Señales de Humo, que mantuvieron viva la denuncia contra la forma en que se privatizó el club. Gran parte de los medios, que durante años habían presentado a Gil como un personaje folclórico y televisivo, pasó de puntillas por las implicaciones de la sentencia.
Como señalan periodistas especializados, es difícil imaginar que una operación similar hubiera tenido tan poca repercusión si hubiese afectado a otros grandes del fútbol español.
Décadas después de aquella maniobra inicial, la tendencia se consolidó:
El Atlético de Madrid ha acordado la venta de la mayoría de sus acciones al fondo estadounidense Apollo Sports Capital, operación que se completará en 2026.A pesar del cambio de propietario mayoritario, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo conservarán sus puestos ejecutivos, garantizando continuidad en el modelo de gestión iniciado en 1992. El círculo se cierra.
Pero la pregunta sigue abierta: ¿Qué habría ocurrido si aquella madrugada de junio de 1992 los socios del Atlético no hubieran perdido el control de su propio club?
