Durante décadas, el Caso Camacho ha sobrevivido en el imaginario colectivo del fútbol español deformado por una frase mal atribuida y por un relato incompleto. Sin embargo, los hechos documentados describen uno de los episodios de corrupción arbitral más graves de los años setenta, con conocimiento federativo, una denuncia formal y un claro intento de minimizar su impacto institucional, en el que aparece implicado el FC Barcelona a través de uno de sus directivos.

En el centro de la trama se situó Antonio Camacho Jiménez, árbitro en activo y principal figura señalada por su implicación directa en un presunto entramado de pagos y favores arbitrales, tras una denuncia que apuntaba a Xavier Amat, directivo del club azulgrana. Un patrón que, con el paso del tiempo, resulta difícil no comparar con lo ocurrido en el conocido como Caso Barça-Negreira.



La denuncia que lo inició todo: un directivo culé y Medina Iglesias

El origen de esta investigación se remonta a diciembre de 1972 y febrero de 1973, cuando el Barça disputó dos partidos arbitrados por Medina Iglesias: primero un Burgos-Barcelona, que terminó con victoria azulgrana, y después un Barcelona-Betis en el Camp Nou. Según publicó el semanario Don Balón en 1976, antes de ese Barça-Betis un directivo azulgrana, Xavier Amat, se acercó a Medina Iglesias y le formuló dos preguntas insólitas:“¿Ha recibido usted las cortadoras?”, un término habitual entonces para referirse a dinero en efectivo.



“¿No le ha dado recientemente el señor Camacho un sobre con dinero?” Medina Iglesias respondió, sorprendido, que no había recibido nada ni sabía de qué se le hablaba. Ese episodio fue el detonante del escándalo: el árbitro entendió que se aludía a un supuesto pago de 100.000 pesetas gestionado por Antonio Camacho tras un partido anterior y decidió redactar una carta formal de denuncia al Comité Nacional de Árbitros.



Un documento oculto y años de silencio federativo

La gravedad del Caso Camacho no se sustentó únicamente en testimonios. Don Balón afirmó disponer de documentos que acreditaban transferencias bancarias realizadas desde un club a un amigo de confianza de un árbitro relacionado con la trama. La publicación optó por no revelar el nombre del club ni del receptor, alegando motivos de verificación y protección de las fuentes. Ese dato reforzaba una idea clave: no se trataba solo de rumores, sino de indicios económicos concretos que, pese a su gravedad, no derivaron en una investigación judicial ni en explicaciones públicas por parte de la Federación.



Paralelamente, la carta de denuncia presentada por Medina Iglesias permaneció archivada durante años sin que se adoptaran medidas contundentes. Bajo las presidencias de Pardo Hidalgo y posteriormente de Rodríguez Barroso, la Federación no actuó de forma abierta ni transparente ante los hechos descritos. Según informó Don Balón en su número 25, en ese mismo periodo se produjo un hecho llamativo: Medina Iglesias perdió la internacionalidad, mientras que Antonio Camacho la obtuvo, una circunstancia que fue interpretada entonces como, cuanto menos, controvertida.



No fue hasta el regreso de José Plaza a la presidencia del Comité Nacional de Árbitros, en la temporada 1975-76, cuando el caso volvió a ser analizado internamente con mayor atención. Aun así, la información no llegó a la opinión pública hasta 1976, cuando Don Balón, entonces promovida por José María García, publicó una serie de reportajes de investigación sobre una presunta trama de árbitros que se ofrecían a los clubes para “facilitar” resultados. En esos artículos se describía una estructura de pagos con tarifas entregadas de forma discreta —como cajas de cigarros con billetes de 1.000 pesetas— y cantidades que oscilaban entre 250.000 y 500.000 pesetas por partido ganado en Primera División, además de transferencias bancarias documentadas en varios casos.



Un contexto propicio para la corrupción arbitral

Conviene recordar el contexto económico y profesional de la época. A finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, los sueldos de los árbitros eran bajos, el arbitraje no estaba profesionalizado y los mecanismos de control eran prácticamente inexistentes. En ese escenario, no se trataba de un caso aislado, sino de un sistema vulnerable: varias publicaciones señalaron que existían árbitros considerados “vendibles”, lo que facilitaba la aparición de intermediarios, pagos encubiertos y prácticas irregulares. Este contexto no justifica los hechos, pero ayuda a entender por qué una trama como la del Caso Camacho pudo existir, prolongarse en el tiempo y ser gestionada con tanta opacidad.



Los árbitros apartados: Camacho, López Samper y Rigo

Tras la investigación interna y las filtraciones, tres árbitros fueron apartados de la Primera División. Antonio Camacho, considerado el principal señalado de la trama; López Samper, también vinculado a contactos con clubes; y Antonio Rigo, árbitro de trayectoria destacada pero cuya carrera quedó marcada por errores reiterados y numerosas recusaciones. 

Especialmente significativo fue el caso de Rigo, figura recurrente en encuentros entre el Barça y sus rivales —incluida la Copa del Generalísimo de 1968 frente al Real Madrid, la llamada final de las botellas— donde decisiones polémicas intensificaron las sospechas de parcialidad. El mismo colegiado había arbitrado once de los treinta partidos de Liga del Barça, con frecuentes quejas de los adversarios. Años después, en el contexto del Caso Camacho, Rigo fue apartado al mismo tiempo que Camacho y López Samper.



El Mercedes y el impacto mediático del caso

En plena tormenta informativa, la situación de Antonio Camacho Jiménez se vio aún más comprometida cuando Don Balón publicó en portada una fotografía del árbitro junto a un Mercedes recién adquirido, vehículo que había pertenecido previamente al presidente del Elche CF, Martínez Valero. Camacho se defendió alegando que la compra había sido legal, pero la operación quedó envuelta en polémica al aparecer un cheque de origen llamativo, emitido por un agente conocido de la época, Roberto Dale. 

El episodio, sin derivar en prueba judicial concluyente, fue descrito en la prensa como un elemento especialmente negativo desde el punto de vista de la imagen pública y contribuyó a reforzar la percepción de irregularidad en torno al árbitro, ampliando el impacto mediático del Caso Camacho.



La frase que falseó parte de la historia

Uno de los mitos que perduró durante décadas es la expresión “Mientras Plaza sea presidente, el Barça no volverá a ser campeón”, atribuida erróneamente a José Plaza. La realidad es distinta: fue Antonio Camacho quien la pronunció, probablemente como represalia tras haber sido apartado del arbitraje por el entonces presidente del estamento arbitral. 

Camacho concedió una entrevista al diario deportivo barcelonés Dicen, ya fuera del circuito arbitral, en la que lanzó esa frase como gesto de resentimiento personal, no como una declaración institucional. Con el paso del tiempo, la cita fue descontextualizada y atribuida falsamente a Plaza, alimentando una leyenda que terminó eclipsando los hechos reales del caso.



La reacción institucional y el silencio de la RFEF

Desde la Real Federación Española de Fútbol y el propio Comité Nacional de Árbitros predominó una actitud de discreción, cuando no de gestión opaca, ante los hechos conocidos. El escándalo se manejó de forma interna y, a nivel oficial, no se reconocieron sanciones ni se abrió ningún procedimiento contra directivos de clubes, pese a que la denuncia implicaba directamente a un directivo del Barça, por preguntar al árbitro Medina Iglesias sobre unos pagos que supuestamente habían tenido lugar.

Los clubes implicados negaron de forma reiterada cualquier irregularidad y la ausencia de pruebas públicas, más allá de testimonios y documentos filtrados por la prensa, contribuyó a que el caso quedara relegado al ámbito periodístico y a la memoria oral, sin recorrido judicial ni consecuencias federativas.


Similitudes con el Caso Barça-Negreira

Más allá de las diferencias de época y forma, el Caso Camacho presenta paralelismos evidentes con el conocido como Caso Barça-Negreira, especialmente en lo estructural y en la gestión institucional del escándalo:

- Relación directa entre un club y el estamento arbitral
En el Caso Camacho, la denuncia señala a un directivo del FC Barcelona, Xavier Amat, por dar por hecho un pago a un árbitro. En el Caso Barça-Negreira, el club mantuvo durante años una relación económica con quien era entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

- Indicios conocidos sin actuación inmediata
En el Caso Camacho, la denuncia de Medina Iglesias permaneció durante años en el ámbito interno del estamento arbitral. En el Caso Negreira, Hacienda investigaba los pagos del FC Barcelona desde 2019 y está acreditado que Albert Soler, entonces directivo del Consejo Superior de Deportes, tenía conocimiento de esos pagos, tal y como declaró ante la Guardia Civil. Pese a ello, no se produjo una actuación inmediata, prolongándose la opacidad del caso durante años.

- Ausencia de consecuencias deportivas inmediatas
Ni en el Caso Camacho ni en el Caso Barça-Negreira, por distintos motivos, se produjeron sanciones deportivas rápidas o ejemplares en el momento en que los hechos fueron conocidos.

- Gestión orientada a minimizar el impacto
En ambos episodios, la Federación optó por rebajar la gravedad del asunto, gestionarlo internamente y evitar un escándalo mayor que comprometiera la credibilidad del sistema.

- El paso del tiempo como amortiguador
En el Caso Camacho, el silencio institucional y el transcurso de los años diluyeron la responsabilidad. En el Caso Negreira, el largo periodo transcurrido entre los hechos y su revelación pública se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate.

- El relato mediático eclipsando el fondo del asunto
Del mismo modo que el Caso Camacho quedó reducido durante décadas a una frase falsamente atribuida a José Plaza, el Caso Negreira ha estado marcado por debates semánticos que en numerosos momentos han desplazado el foco del problema estructural.


Conclusión: un capítulo clave en la memoria del fútbol español

El Caso Camacho no fue solo un escándalo del pasado, sino un ejemplo de cómo relaciones opacas entre clubes y árbitros pueden erosionar la confianza del aficionado. Que la denuncia señalara a un directivo del FC Barcelona, Xavier Amat, que un árbitro como Medina Iglesias decidiera denunciar los hechos y que la prensa tardara años en sacar la información a la luz subraya deficiencias estructurales del fútbol español que aún resuenan. La historia demuestra también cómo los relatos mediáticos pueden imponerse a los hechos —como ocurrió con la frase falsamente atribuida a José Plaza— y cómo la falta de transparencia institucional deja espacio a narrativas interesadas. 

La fuerza de ese relato terminó por eclipsar lo verdaderamente grave: la existencia de una trama de corrupción arbitral, reduciendo el caso, en la memoria colectiva, a una frase sacada de contexto y puesta en boca de quien nunca la pronunció. En ese sentido, el pasado del fútbol español, con el Barça como actor implicado a través de uno de sus directivos, sigue ofreciendo lecciones relevantes para una gestión más responsable y creíble de la integridad deportiva.



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